A lo largo de la pasada década, millones de venezolanos han salido huyendo del colapso económico y la agitación política, lo cual ha creado una de las crisis migratorias de mayores proporciones del planeta. Este éxodo ha representado un enorme desafío político para los países en los que los migrantes han buscado paso o refugio. Al mismo tiempo, ha representado una gran oportunidad para el crimen organizado.
Más de 7,2 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014, en medio de la debacle social, económica y política en la que se ha mantenido sumido el país. Y aunque en los últimos años, un número cada vez mayor de migrantes se ha dirigido hacia Estados Unidos en el norte, la gran mayoría —más de 6 millones— permanecieron en el Caribe y Latinoamérica, según la R4V, plataforma del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), dedicada exclusivamente a la crisis venezolana.
Aunque en un inicio muchos de los vecinos de Venezuela acogieron de buen grado a los migrantes, sus redes de protección social han tenido problemas para responder a la demanda sostenida del influjo migratorio. Esto se exacerbó con la pandemia de la COVID-19, que motivó un desvío de recursos financieros destinados a los programas de reasentamiento y atención a refugiados.
Otros países impusieron barreras para impedir la migración ilegal, pero eso motivó el surgimiento de redes de tráfico de personas, a las cuales recurren los migrantes para evitar las restricciones al desplazamiento o los cierres de fronteras o para atravesar territorios peligrosos. El uso de coyotes se ha hecho tan común que el 69% de los ciudadanos venezolanos reportaron haber contratado a uno o más traficantes para su viaje entre 2019 y 2021 en una investigación realizada por el Centro de Migración Mixta.
Los migrantes que recurren a los pasos fronterizos irregulares también representan una fuente de ingresos para los grupos armados y para redes criminales depredadoras, que extorsionan a los viajeros a su paso por su territorio, y en algunos casos incluso les roban o los secuestran, o los obligan a servir de correos humanos para el tráfico de narcóticos.
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