La doctora María Esther Roa, de Somos Anticorrupción Paraguay, SAP, lamentó el desinterés de la Corte para hacer cumplir las condenas firmes en casos de corrupción pública. Refirió que el Poder Judicial se presta a las maniobras de los sentenciados, que promueven inconstitucionalidad contra fallos de la Sala Penal, que ya son irrecurribles. “Todos los […]
La doctora María Esther Roa, de Somos Anticorrupción Paraguay, SAP, lamentó el desinterés de la Corte para hacer cumplir las condenas firmes en casos de corrupción pública. Refirió que el Poder Judicial se presta a las maniobras de los sentenciados, que promueven inconstitucionalidad contra fallos de la Sala Penal, que ya son irrecurribles. “Todos los ministros están notificados de esta situación y en especial la Sala Constitucional, para que puedan ver un canal de solución; de lo contrario cerremos el boliche”, refirió la activista social. “Señores ministros saquen la careta y digan que...
-Estamos con la Dra. María Esther Roa, ella es de Somos Anticorrupción Paraguay y de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Un tema que hace rato ella viene martillando un poco, en el sentido de que no se están ejecutando las condenas impuestas por corrupción pública. Los condenados con condenas firmes, están eludiendo, están buscando artilugios para no ir a prisión. ¿Es así doctora?
“Así es, de un tiempo a esta parte, hemos logrado destrabar expedientes y finalmente quedaron sus condenas firmes. Después nos encontramos, penosamente, con la novedad de que a la Corte Suprema no le importa ejecutar las resoluciones. Tenemos varios casos; por ejemplo, Raúl Fernández Litman, Roberto Cárdenas (exintendente de Lambaré), Carlos Soler y otros, que hace bastante tiempo están con condenas firmes, pero vuelven otra vez a chicanear con acciones de inconstitucionalidad, excepciones, nulidad de actuación, etcétera. O sea, que realmente son chicanas que no están siendo sancionadas por...
“Quiero destacar esto, que hace más de una década venimos luchando contra el flagelo de la impunidad, porque la impunidad propicia la corrupción y no hay ni una voluntad de este poder del estado, que es el Poder Judicial, que es un cuerpo, que es un poder del Estado cuya misión es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Finalmente, cuando logramos que un expediente llegue a una condena firme, los condenados se pasan en sus casas”.
Leer la nota completa en El Observador