El abogado José Casañas Levi sostiene que la propuesta del diputado Édgar Ortiz (PLRA) de establecer este tipo de condena por esta vía no tiene legalidad. Asimismo se pronunció en su cuenta de Twitter el colega de Ortiz, Édgar Acosta, dejando en claro que sólo se puede dar curso al referido planteamiento a través de una reforma de la Constitución.
Ambos se basan en el artículo 290 de la Enmienda dentro de nuestra Carta Magna. Textualmente dice en la parte final que “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos a los atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II,III y IV del Título II, de la Parte I.”
Revisando el Capítulo I de la Vida y del Ambiente, en la sección I de la Vida en su artículo 4 del Derecho a la vida encontramos:
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos”.
El artículo 290 este echa por tierra la idea del diputado Ortiz en usar el camino de la enmienda. La única opción, según Casañas Levi y Acosta, es la Reforma Constitucional. Los dos no saben quién asesora a Ortiz para lanzar esta iniciativa.
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