La Cámara de Apelación volvió a confirmar la prisión preventiva de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en la misma causa que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes. La apelación fue presentada contra A.I. Nº 11 de fecha 10 de enero del 2025 dictado por […]
La Cámara de Apelación volvió a confirmar la prisión preventiva de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en la misma causa que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes. La apelación fue presentada contra A.I. Nº 11 de fecha 10 de enero del 2025 dictado por el Juez Osmar Legal.
“Los derechos de mi defendido se ven gravemente agraviados por esta resolución por ser ella totalmente arbitraria, violando este el derecho de igualdad de las personas establecido en la Constitución Nacional. El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II” refiere la defensa de Cabreira.
Recordemos que la defensa técnica, liderada por el abogado Richard David Nara Ramírez, solicitó el cambio de la medida cautelar a arresto domiciliario, amparándose en los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Argumentó que Cabreira Pinazo no representa un peligro de fuga ni de obstrucción, basándose en su arraigo en el país, sus vínculos familiares y su colaboración activa con el Ministerio Público.
El abogado defensor presentó una caución real significativa, consistente en inmuebles con un valor tasado en más de USD. 1.000.000, propiedad de amigos y colaboradores del imputado. Además, destacó la situación humanitaria del caso, señalando que el padre del imputado, un paciente oncológico, depende del apoyo emocional y físico de su hijo. La defensa calificó la prisión preventiva como una pena anticipada y desproporcionada, incompatible con los principios constitucionales.
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