Además, sobre lo que ha hecho el Estado para poner fin a la trata de personas; la explotación económica de los niños y niñas, el aborto, los servicios de salud reproductiva, accesibles para todas las mujeres y adolescentes, los derechos de los pueblos indígenas, las trabajadoras domésticas, entre otros puntos.
Además del informe oficial, organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presentaron informes alternativos sobre los mismos puntos requeridos por el comité.
En tal sentido, sobre la situación penitenciaria del país, el Mecanismo resaltó en el escrito enviado al organismo de la ONU , que ha constatado los prolongados promedios de duración de la prisión preventiva en el conjunto del sistema penitenciario y situaciones generalizadas de abuso de la prisión preventiva, afectando tanto a mujeres como a hombres. “El Estado paraguayo sostiene una política criminal basada en el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Esta política se instrumentaliza, entre otros factores, mediante la adopción de leyes de emergencia de carácter regresivo”, sostiene.
En el conjunto del sistema penitenciario del Estado paraguayo, resalta el Mecanismo; las condiciones de infraestructura están deterioradas. Al hacinamiento existente, suman problemas de acceso al agua potable, sistema eléctrico y otros, y no se aplica la separación entre personas privadas de libertad, condenadas y procesadas..
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