Definitivamente dentro del bloque internacional se ha formalizado un interés prioritario por tipificar de manera autónoma el tipo legal de tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes, puesto que se ha determinado a los Estados un deber de fortalecimiento del sistema penal económico, para ponderar la prevención del lavado de activos. En tal efecto, se tiene que el Gafilat ha profundizado sobre la deficiencia estructural de algunos países que no incluyen este comportamiento injusto específico como delito subyacente del lavado.
El contexto comparado ha vislumbrado el objetivo de los estándares que contemplan sanciones proporcionales y que permiten el uso de técnicas especiales de investigación, planteando –a su vez– diversas líneas dogmáticas para incrementar la medida regulatoria en la lucha contra el crimen organizado y la “economía” irregular.
Ante ello, se presentan puntos clave, en vista a una (notoria) ausencia de la adecuación típica de esta modalidad de conducta dentro de nuestro país. Pues bien, la legislación actual solo prevé tipos legales que se encuentran enmarcados bajo postulados del robo, robo agravado, contrabando (entre otros). Asimismo, se destaca la Ley Nº 5621/16 De protección del patrimonio cultural, que advierte en su “Artículo 41.- Régimen de Sanciones Penales. Será considerado hecho punible el daño causado a los bienes del patrimonio cultural en todas sus categorías o clasificaciones, tales como la...
No obstante, las conductas típicas dimensionadas no cubren la totalidad de aquellas asociadas al contexto del tráfico de mercancías robadas. Dicha cuestión ha sido estudiada dentro de la porción del criterio 3.2. del GAFI en precisión a delimitantes, por lo que se exige que aquellos hechos punibles graves (tal como el tráfico de mercancías robadas) sean plenamente tipificados bajo el curso de determinantes del lavado de activos.
Por consiguiente, los lineamientos internacionales deducen su grado de importancia, tal como se determina desde la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena, año 1988), que infiere en su Artículo 3, párrafo 1, incisos b y c: “Todo Estado Parte adoptará las medidas necesarias para tipificar como delitos penales [...] la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto de cualquiera de los delitos establecidos en el apartado a.”. Así, por más de que estemos ante un enfoque...
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