Confirmó que la empresa ganadora es «Ladero Paraguayo S.A.», la cual viene a cortar varios años de servicio prestado por la empresa concepcionera «Ycua S.A.» El Gobernador negó que detrás de la adjudicación exista algún tipo de negociado y justificó el resultado de la licitación, señalando que la firma beneficiada, simplemente «reúne todas las condiciones». En abril de 2016, ABC mencionaba que Ladero Paraguayo ya se había adjudicado contratos con el Estado Paraguayo, por un monto superior a 129.000 millones de guaraníes, a pesar de muchos cuestionamientos, hechos por profesoras y directoras de instituciones educativas, incluso por la propia Contraloría, respecto a la calidad del servicio. Sobre este caso, ABC publicó que el Gobernador José Adorno (ANR), indicó que existe presión de poderosos políticos y empresarios para beneficiar a Ladero Paraguayo S.A.
Según López, el proceso de licitación ya se encuentra cerrado y a vuelta de las vacaciones de invierno iniciará la distribución del complemento nutricional. Confirmó que la empresa ganadora es «Ladero Paraguayo S.A.», la cual viene a cortar varios años de servicio prestado por la empresa concepcionera «Ycua S.A.»
El Gobernador negó que detrás de la adjudicación exista algún tipo de negociado y justificó el resultado de la licitación, señalando que la firma beneficiada, simplemente «reúne todas las condiciones».
Por otro lado, sin embargo, existen muchos cuestionamientos hacia la empresa Ladero Paraguayo, la cual, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tiene fijada su dirección en Asunción. En este sentido, existen muchas publicaciones periodísticas de diferentes medios, que mencionan supuestas irregularidades en el servicio de la mencionada firma.
En diciembre de 2015, Última Hora publicaba un artículo, en donde se mencionaba que un funcionario de la Presidencia de la República, de nombre Cándido Iván Da Silva Báez, era uno de los dueños de Ladero Paraguayo. Dicha situación resultaba totalmente irregular, ya que la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y la normativa de la Función Pública prohíben que el empleado público intervenga directamente, por interpósita persona o contactos simulados en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo, que importe beneficio propio o de terceros.
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