<p>El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martinez Simon, y el vicepresidente primero, doctor Luis Maria Benitez Riera, encabezaron la presentacion del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2026–2030, documento que establece los lineamientos prioritarios para la administracion del Poder Judicial, con enfasis en derechos humanos, transparencia y acceso efectivo a la justicia.</p>
INSTRUMENTO ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PRIORITARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRÓXIMO QUINQUENIO El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera, encabezaron la presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2030, documento que establece los lineamientos prioritarios para la administración del Poder Judicial, con énfasis en derechos humanos, transparencia y acceso efectivo a la justicia.
El Plan Estratégico Institucional 2026–2030 fue elaborado mediante un proceso participativo que involucró a 318 actores clave de todo el país, entre magistrados, funcionarios judiciales, representantes del sistema de justicia y miembros de la sociedad civil. Este trabajo permitió identificar prioridades y definir objetivos estratégicos con indicadores de cumplimiento verificables.
Durante su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, señaló que la planificación institucional se construyó a partir de diversas instancias de análisis y diálogo orientadas a proyectar el desarrollo del Poder Judicial para el próximo quinquenio. Recordó que la misión de la institución se encuentra establecida en la Constitución de la República del Paraguay vinculada a la aplicación de la ley y a la resolución de conflictos como aporte a la paz social.
Asimismo, indicó que el cierre de un periodo estratégico y el inicio de otro representan una oportunidad para consolidar un modelo de gestión más eficiente y acorde a las expectativas ciudadanas respecto del servicio de justicia. En ese contexto, sostuvo que los desafíos en materia de confianza pública deben asumirse como un estímulo para fortalecer el compromiso institucional y mejorar los estándares de desempeño.
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