Mucho ruido y pocas nueces: la expresión viene a cuento de los magros frutos que cosechó la Comisión Bicameral de Investigación “Antilavado”, con su bautizada “ley garrote” o “ley anti-ONG”, conformada en agosto de 2024 a todas luces para perseguir, sobre todo, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desafectas al Gobierno, mientras el Congreso estudiaba un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), paradójicamente tesorero este de la ONG Oráculos del Paraguay, receptora de fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este. Esa suerte de Tribunal de la Inquisición ya emitió su arbitraria sentencia, aunque no pudo evitar admitir que le faltaron pruebas para sostener todas sus presunciones. Se quedó con las ganas y las manos vacías. Eso sí, se cuidó de husmear en las cercanías del poder político y económico que lo inspiró: una verdadera canallada liberticida.
No prosperó la canallada liberticida de la “comisión garrote”
Mucho ruido y pocas nueces: la expresión viene a cuento de los magros frutos que cosechó la Comisión Bicameral de Investigación “Antilavado”, más conocida como “ley garrote” o “ley anti-ONG”, conformada en agosto de 2024 a todas luces para perseguir, sobre todo, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desafectas al Gobierno, mientras el Congreso estudiaba un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), paradójicamente tesorero este de la ONG Oráculos del Paraguay, receptora de fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este.
Presidida por el desacreditado senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista), la “comisión garrote” actuó conforme a la opinión del presidente Santiago Peña de que esas organizaciones sin fines de lucro son de “alto riesgo”, pues serían empleadas para el “manejo poco transparente de dinero”. Y bien, pese a la seria amenaza que conllevarían, el grupo pesquisidor se demoró en dar a conocer su “resumen ejecutivo”, en el que, por cierto, admite que no puede acusar a las ONG de financiar a la oposición por falta de pruebas, las que también faltarían para demostrar que el Banco Atlas haya incurrido...
Por razones obvias, la “comisión garrote” no se ocupó de las actividades lucrativas del expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, ni de las de Santiago Peña, pero sí –sorprendentemente– de las tareas de una organización gubernamental norteamericana, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); admitió que no pudo probar que haya delinquido, pero la criticó porque habría gastado más en salarios que en “resultados tangibles”, asumiendo así esta comisión un rol propio de un órgano de control de los Estados Unidos.
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