La decisión del Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto el protocolo de desalojo de invasiones de inmuebles del 2013 no debe llevar a pasar por alto el necesario respeto a los derechos humanos durante los procedimientos. El hecho de que la herramienta era utilizada en muchos casos por los ocupantes para buscar impedir o hacer retardar el cumplimiento de las órdenes judiciales, no debe ser usado ahora como excusa para ignorar situaciones de vulnerabilidad social y necesidades reales de los sectores humildes. Principalmente, el Gobierno no debe dejar de buscar soluciones a la problemática de la pobreza y a las necesidades de tierra y vivienda que sufre gran parte de la población.
En la búsqueda de evitar que durante los procedimientos de desalojo de invasiones de inmuebles urbanos o rurales se comentan excesos represivos contra los ocupantes, en marzo de 2012, durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, se estableció el “Plan de acción conjunta para casos de invasión de inmueble ajeno” (Resolución 672 de la Policía Nacional), más conocido como “Protocolo para desalojos” a ser tenido en cuenta por la Fiscalía y la Policía. La norma prevista para hacer cumplir una orden judicial de desalojo establecía la planificación de la operación y ejecución del retiro de...
Mientras para las organizaciones sociales y de derechos humanos la normativa era una garantía de que se cumplirían procesos de diálogo y de tener en cuenta la realidad social en que se encontraban muchas familias, para las organizaciones más relacionadas con la propiedad de la tierra el protocolo era un obstáculo para hacer cumplir las órdenes de la Justicia, ya que los dirigentes involucrados aprovechaban para hacer retardar los procedimientos y en muchos casos para evitarlos.
Por ello, tras numerosos casos de nuevas ocupaciones de tierra que se registraron en los últimos meses, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia han resuelto anular el cuestionado protocolo, a fin de evitar el “retardo innecesario” del accionar de los organismos del Estado.
La justificación dada para esta medida es que el procedimiento establecido hace seis años en el protocolo no tenía un origen legislativo, ya que había sido establecido más bien con un acuerdo político y en la práctica implicaba una barrera para el rápido accionar de las instituciones pertinentes. La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes sostuvo que el protocolo era una “herramienta ajena al ordenamiento jurídico”.
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