La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, en realidad encierra una diversidad de posiciones y matices que han quedado en parte tapadas por un debate con frecuencia eruptivo.
Francia se pronunció oficialmente contra el cuando se produjo el voto de los Veintisiete el pasado 9 de enero y lo justificó porque considera que es un acuerdo de otra época que potencialmente daría un beneficio económico “limitado” a costa de “exponer sectores agrícolas sensibles y esenciales para (su) soberanía alimentaria”.
Las autoridades francesas en los últimos meses habían tratado por una parte de constituir una minoría de bloqueo en la que se vino abajo cuando Italia dijo que lo aprobaría, y en paralelo trató de negociar con la Comisión Europea instrumentos que consideraba que podían dar garantías de preservar su agricultura.
Eso se ha concretado en primer lugar en las cláusulas de salvaguarda, que permitirán restablecer aranceles si se considera que las importaciones de Mercosur generan una desestabilización (con una variación de los flujos o una caída de precios superior al 5%).
También en las cláusulas espejo que suponen exigir reciprocidad en términos de reglas sanitarias o de utilización de fitosanitarios, y en los controles sanitarios, veterinarios y de fitosanitarios sobre los productos que lleguen de Sudamérica.
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