<p>Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Eugenio Jimenez Rolon y Alberto Martinez Simon, participaron este lunes 7 de julio en una reunion con legisladores de la Camara de Diputados, donde presentaron los fundamentos juridicos del proyecto de ley promovido por el Poder Judicial sobre el regimen de deposito de titulos de credito. La propuesta busca fortalecer la seguridad juridica y procesal en torno a la circulacion de pagares, en el marco de un dialogo interinstitucional orientado a prevenir fraudes documentales.</p>
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, participaron este lunes 7 de julio en una reunión con legisladores de la Cámara de Diputados, donde presentaron los fundamentos jurídicos del proyecto de ley promovido por el Poder Judicial sobre el régimen de depósito de títulos de crédito. La propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y procesal en torno a la circulación de pagarés, en el marco de un diálogo interinstitucional orientado a prevenir fraudes documentales.
Durante el encuentro con los miembros de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados, los ministros explicaron que el proyecto tiene como objetivo dotar al sistema judicial de herramientas más eficaces para el control documental en procesos que involucren títulos de crédito. Se trata de una propuesta centrada en la adecuación de normas procesales con miras a impedir el uso indebido de pagarés una vez canceladas las obligaciones.
El ministro, doctor Eugenio Jiménez Rolón, manifestó que el documento responde a una necesidad identificada, tras un análisis técnico que contempló distintos escenarios de riesgo asociados a la circulación no controlada de estos instrumentos. Añadió que, por tratarse de una materia con alta incidencia en las relaciones comerciales, el diseño normativo fue abordado con especial rigurosidad por el Poder Judicial.
Por su parte, el ministro, doctor Alberto Martínez Simón, detalló que la iniciativa no afecta el contenido sustancial de la legislación vigente, sino que propone mejoras en los procedimientos aplicables ante los juzgados y tribunales. Indicó que se busca asegurar la trazabilidad de los documentos y su entrega al deudor, conforme a las garantías del debido proceso y los principios de seguridad jurídica.
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