El ministro encargado de la implementación del Expediente Judicial Electrónico Alberto Martínez Simón, dio a conocer los alcances positivos del uso de la herramienta digital en la justicia permitiendo una reducción considerable en el uso de algunos insumos.
La implementación de las herramientas digitales significa hoy la reducción en el uso de papel, tinta, toner y otros insumos en el Poder Judicial, según un informe anual comparativo del Departamento de Suministro y Control de Bienes de la Corte Suprema de Justicia, que abarca desde el 2019 hasta el primer semestre de 2024, que fue dado a conocer por el ministro Martínez Simón.
Este cambio no solo implica un considerable ahorro financiero, sino que también refleja el compromiso de la institución con la sostenibilidad ambiental. Los datos, extraídos del sistema SIGAF “Módulo remisiones”, revelan que el consumo de papel (resmas/ hojas con membrete) en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con herramientas electrónicas) se redujo del 25% del presupuesto en 2019 al 7% en el primer semestre de 2024. En los fueros Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, Civil y Comercial, así como en los Tribunales y Juzgados de Paz, el consumo se redujo al 6%.
En cuanto al uso de cintas, tintas y tóner, el informe señala que en 2019 estas compras representaban el 32% del presupuesto, mientras que en 2024 han disminuido al 3% en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con el trámite electrónico). En los mismos fueros mencionados anteriormente, el consumo pasó del 33% al 2%, luego de la implementación de servicios de impresión tercerizados.
Estos resultados son parte de la política de despapelización y ahorro de recursos impulsada por la Corte Suprema de Justicia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, 13 y 15, relacionados con la producción y consumo responsable, la acción por el clima y la protección de ecosistemas terrestres. Esta política se enmarca también en la Acordada N° 783/12, que establece el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, donde en su Artículo 36 se compromete a promover prácticas orientadas hacia la sostenibilidad ambiental.
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