Al justificar el veto parcial del Poder Ejecutivo al Presupuesto General de la Nación, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, aseveró que el motivo fundamental es que el Congreso aprobó un “presupuesto desfinanciado”.
La secretaria de Estado de Hacienda, en rueda de prensa, lamentó el hecho de que en la última etapa de análisis en la Cámara de Senadores de la propuesta de evitar excesos en los aumentos fue desvirtuada.
“El Congreso aprobó un Presupuesto desfinanciado y una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor. Se movieron partidas de inversiones a gastos corrientes (salarios de funcionarios)”, afirmó.
Añadió que el incremento de la rigidez del gasto salarial resultante, en relación a la versión presentada por el Poder Ejecutivo, representa aproximadamente US$ 87 millones, que deberían ser financiados con impuestos.
“Nosotros hemos trabajado en una propuesta alternativa, que fue presentada por escrito a cada uno de los congresistas, de manera a revertir esa situación que se había dado en el Senado. Allí teníamos todavía una oportunidad, porque la decisión parlamentaria terminaba impactando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, como los programas sociales”, expresó.
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