El Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez no movió un dedo para investigar a los gobernadores del país por el cuestionado uso de US$ 34 millones del fondo covid. El ex jefe departamental de Central, Hugo Javier González, es el único que enfrenta un proceso, mientras que Pedro Díaz Verón, de Caazapá; César “Tigre” Ramírez, de Canindeyú; Juan Carlos Vera, de Guairá y Juan Carlos Baruja, de Paraguarí, siguen campantes.
Uno de los casos más sospechosos sobre el manejo de los fondos de emergencia involucra al gobernador de Canindeyú y aspirante al Senado por el cartismo, César “Tigre” Ramírez. El exfutbolista devenido a político recibió US$ 2.000.000 para la reactivación de la economía de su departamento; sin embargo, gran parte de los recursos terminó en manos de dos ONG integrada por su exempleado.
Ramírez transfirió el dinero a la Asociación Pro Desarrollo del Norte y Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, para la realización de obras diversas, como ser empedrados, sistema de agua potable y mejoramiento del puesto de Salud de Yasy Kañy. Lo curioso es que ambas ONG tenían como miembro común a Nolberto Martínez, un joven de 23 años, que era funcionario de la Gobernación de Canindeyú y empleado de la madre del jefe departamental.
Otra cuestión llamativa es que las entidades “sin fines de lucro” elegidas por el jefe departamental recibieron el dinero en cuestión de horas y mediante la presentación de documentos con múltiples errores, según evidenció la rendición de cuentas de Ramírez presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).
A pesar de las pruebas, la fiscalía no se animó a abrir una investigación contra Ramírez. Tampoco la Contraloría General de la República (CGR) ordenó alguna auditoría. El gobernador, abrumado por las acusaciones de irregularidades recurrió a los insultos y como para quedar bien con la ciudadanía había anunciado a mediados de enero último que pedirá una verificación a dicho ente de control. Pero solo quedó en promesas.
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