La semana pasada una granja de criptominería fue desmontada por el Ministerio Público y quedó en evidencia que algunas personas desean incursionar en el negocio al margen de la ley, por lo cual referentes del sector alentaron a las instituciones a que desmonten los emprendimientos clandestinos para que el negocio sea próspero para todos los actores de la sociedad.
Según Fernando Arriola, director de la vertical de criptominería de la, la situación de los mineros clandestinos y la regulación del sector son temas cruciales para garantizar un entorno competitivo y seguro para la criptominería. "En nuestro gremio se agrupan los mineros más importantes del país. Nosotros hace varios años ya solicitamos que el Estado, especialmente el Ministerio Público, intervenga a los mineros clandestinos", señaló.
A su criterio, la actividad ilegal no solo sobrecarga la red nacional de electricidad, sino que también crea una competencia desleal para los socios que se dedican al hosting de minería. "El precio del hosting se determina internacionalmente. En este momento el precio promedio de este servicio está en US$ 60 a US$ 65 por MW; nuestro costo de energía nacional está entre US$ 52 a US$ 58 por MW", subrayó. Arriola dijo que los márgenes son bajos, considerando los altos costos de operación y mantenimiento de los datacenters.
Sin embargo, el director contó que los mineros clandestinos ofrecen el mismo servicio a US$ 40 por MW, lo que hace imposible competir con ellos. "Necesitamos apoyar a la ANDE en sus intervenciones", subrayó Arriola.
Otro aspecto crítico es el agravamiento de las penalidades. Arriola sugirió que sean más altas para las personas que sustraen energía ilegalmente y para los que facilitan la sustracción. Puntualmente, desde la cámara proponen agregar un artículo en el Código Penal sobre la sustracción de energía a entidades estatales como una medida óptima para combatir esta problemática.
Leer la nota completa en InfoNegociosPY
