Ya está en cancha de Diputados definir el tamaño del “parche” que aplicarían al derroche de dinero público en favor de la clase política. El proyecto con media sanción de Senado que solo toca las escandalosas bonificaciones pondrá a prueba si Cámara Baja sigue de pasapapeles o se anima a aumentar un poco más la poda.
El pasado jueves tuvo entrada en Diputados el proyecto de ley con media sanción del Senado “que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de , cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”, que deberá ser contrastado con el planteado en Cámara Baja casi en paralelo.
En Diputados se planteó el proyecto de ley “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”, que tiene agregados relevantes, aunque algunos de ellos ya establecidos en la Ley Ley Godoy, la N° 6622 que “Establece Medidas de Racionalización del Gasto Público”.
La versión Senado es la que menos toca, ya que únicamente prohíbe las escandalosas bonificaciones como la que se autoasignó el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y que también repartió a sus cercanos.
Solo Bachi cobraba al mes G. 21 millones en bonificaciones por manejar dinero en el Congreso, lo que elevaba su salario mensual a G. 63 millones, mientras el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos pedía a la ciudadanía ajustarse los cinturones.
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