El diputado Édgar Olmedo remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Orgánica del MDP, para regular honorarios a aquellos usuarios de justicia con la capacidad económica para el efecto. A partir de la norma se pretende desalentar esta práctica que limita a la Defensoría Pública al momento de asistir a personas en situación de vulnerabilidad y por el otro destinar los recursos generados a la mejora del servicio.
Uno de los argumentos principales del proyecto tiene que ver con la inviolabilidad del derecho a la defensa, que conlleva inviolabilidad conlleva tanto una obligación para el órgano jurisdiccional como para el imputado: para el órgano jurisdiccional la obligación de siempre designar un abogado defensor al imputado, aún en contra de su voluntad; y para el imputado, la obligación de tolerar la designación realizada por el órgano jurisdiccional, aún en contra de su voluntad. Por este motivo, el CPP establece en sus Arts. 6, 75, 97 y 106 que, si el imputado no designa abogado, el juez designará...
“Sin embargo, la irrenunciabilidad del derecho a la defensa de ninguna manera se traduce directamente en la provisión de un abogado gratuito, y es por este motivo que tanto la CN en su Art. 17 Inc. 6 como el COJ en su Art. 81 contemplan la obligación del Estado de proveer un abogado gratuito en causas penales, sólo para aquellos casos en los cuales el imputado carece de medios económicos para solventar el mismo un abogado.”
También insiste que a partir de 2011 con la creación de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pùblica, amplió las funciones de los defensores públicos en el fuero penal, en el sentido de que deben ejercer gratuitamente la defensa de todas las personas que soliciten el servicio, independientemente a que tengan recursos o no
Es por ello que la modificación sustancial apunta al artículo 59 de dicha norma, cuyo testo original señala: Art 59 A excepción de los Fueros Penales, de la Niñez y la Adolescencia, los Defensores Públicos actúan en calidad de apoderados o patrocinantes de las personas que acreditan no contar con medios económicos suficientes como para ser asistidos por un abogado particular de confianza.
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