Foto: Gentileza En reunión técnica de la Comisión de Investigación instituciones públicas, gremios y representantes de víctimas analizaron los criterios aplicados a los descuentos judiciales y convencionales que afectan a funcionarios. La Comisión Especial de Investigación de carácter temporal sobre la “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, informó ques se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada para abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a servidores públicos, particularmente a docentes y personal de enfermería. El encuentro reunió a autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. La resolución establece que el límite legal debe calcularse sobre el salario neto o efectivamente disponible del trabajador, y no sobre el salario presupuestado, criterio que venían aplicando algunas instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En reunión técnica de la Comisión de Investigación instituciones públicas, gremios y representantes de víctimas analizaron los criterios aplicados a los descuentos judiciales y convencionales que afectan a funcionarios. El consenso apunta a que el límite legal se determine sobre el ingreso neto del trabajador.
La Comisión Especial de Investigación de carácter temporal sobre la “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, informó ques se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada para abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a servidores públicos, particularmente a docentes y personal de enfermería.
El encuentro reunió a autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. También participaron representantes de la Asociación de Jueces de Paz, de la Asociación de Abogados
Laboralistas del Paraguay y de la Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”.
Leer la nota completa en El Independiente
