Ayer los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, asistieron a la sesión de la Comisión en el Senado, donde se abordaron esta situación que afecta a miles de personas. Recordemos que según datos expuestos por la Comisión en base al primer análisis preliminar de la información recaída del Registro Oficial de Víctimas, el 79% de las personas afectadas por la mafia son funcionarios públicos y un 6% son jubilados, en su mayoría docentes, enfermeras y personas en situación de retiro.
La ley establece que solo hasta el 25% del salario de un trabajador puede ser objeto de embargo. Sin embargo, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial que investiga la trama criminal conocida como la Mafia de los Pagarés, advirtió que varios ministros también son responsables por permitir descuentos por encima de lo permitido.
«En reunión con ministros de la Corte coincidimos en que las autoridades de cada institución son responsables de hacer cumplir las leyes que protegen a los trabajadores», señaló el legislador.
Ayer los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, asistieron a la sesión de la Comisión en el Senado, donde se abordaron esta situación que afecta a miles de personas.
Recordemos que según datos expuestos por la Comisión en base al primer análisis preliminar de la información recaída del Registro Oficial de Víctimas, el 79% de las personas afectadas por la mafia son funcionarios públicos y un 6% son jubilados, en su mayoría docentes, enfermeras y personas en situación de retiro.
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