El pasado 27 de mayo, el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que permite a los funcionarios rectificar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos, y eliminaba el rol de la Contraloría General de la República (CGR), de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables. El único artículo vetado fue el 14, […]
El pasado 27 de mayo, el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que permite a los funcionarios rectificar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos, y eliminaba el rol de la Contraloría General de la República (CGR), de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables.
El único artículo vetado fue el 14, que establecía el deber de la Contraloría de denunciar en caso de que las rectificaciones en las DDJJ sean imputables.
El Senado podría tratar esa semana este veto. Sin embargo, para algunos legisladores, existe muchas posibilidades que se termine aprobando lo determinado por el mandatario nacional, atendiendo que, para su rechazo, se necesita de una mayoría absoluta (mitad más uno del total de legisladores).
Celso Kennedy, diputada nacional por el Partido Liberal (PLRA), señaló que a los legisladores que aprobaron el documento no les interesa perseguir a los que falsean sus declaraciones juradas.
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