El diputado colorado Derlis Maidana aclaró que la ley sancionada de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos reglamenta el proceso administrativo al establecer primero multas cuando se hallen inconsistencias, pero remarcó que no se quita la potestad a la Contraloría de denunciar como última opción ante la Fiscalía al encontrar indicios de delitos. En conferencia de prensa, el legislador Derlis Maidana indicó que son dos los puntos discutibles en la normativa sancionada ayer en la Cámara Baja: la publicidad de las declaraciones juradas únicamente mediante una orden…
El diputado colorado Derlis Maidana aclaró que la ley sancionada de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos reglamenta el proceso administrativo al establecer primero multas cuando se hallen inconsistencias, pero remarcó que no se quita la potestad a la Contraloría de denunciar como última opción ante la Fiscalía al encontrar indicios de delitos.
En conferencia de prensa, el legislador Derlis Maidana indicó que son dos los puntos discutibles en la normativa sancionada ayer en la Cámara Baja: la publicidad de las declaraciones juradas únicamente mediante una orden judicial y la supuesta despenalización cuando existen errores en los datos declarados.
Respecto al primer punto, el congresista colorado recordó que la ley 5033/13 y su modificatoria del 2019 establecen que las declaraciones juradas deben ser autorizadas judicialmente para su publicación. “Si se veta esta normativa, seguirá de la misma manera”, acotó.
Consultado sobre cuál es el motivo para no dar a conocer todas las declaraciones de los funcionarios públicos, el político alegó que se tomaron en cuenta los antecedentes de otros países y que por cuestiones de seguridad se optó resguardar estos datos. Alegó en ese sentido que los funcionarios pueden ser pasible de robo, extorsión u otros delitos al darse a conocer sus patrimonios.
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