La Contraloría extendió hasta el 30 de abril el plazo para presentar declaraciones, en medio del escándalo por contratos de hijos de cartistas en el Congreso y sin que Peña se expida sobre la ley.
Los legisladores consiguieron por segunda vez posponer la presentación de sus declaraciones juradas de intereses, que son necesarias para identificar escenarios de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y además para garantizar la imparcialidad en la labor o toma de decisiones.
Hoy vencía el plazo otorgado por la primera prórroga impulsada por el Congreso, y la Contraloría informó ayer de una nueva ampliación hasta el 30 de abril del próximo año, para la presentación de las declaraciones, en el marco de la ley vigente de conflicto de intereses. Es decir, podrá darse casi dos meses después de la vuelta del receso parlamentario.
La normativa es muy resistida, sobre todo, por los colorados y, más aún, por el cartismo que tiene negocios con el Estado, familiares en la función pública y una gran cantidad de gerentes de las empresas ligadas a ese sector político, como las de Horacio Cartes, siendo altos funcionarios y ministros, casos conocidos como “puertas giratorias”.
De hecho, los legisladores cartistas y aliados modificaron la ley actual, acomodando a su conveniencia el nuevo proyecto y matando su esencia con un total de 18 artículos modificados y cuatro derogados. De esa forma fue sancionado el texto ya el pasado 13 de diciembre y derivado al Poder Ejecutivo. Hoy se cumplen 16 días de la sanción y Santiago Peña se está tomando el tiempo retrasando su inminente promulgación.
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