En la víspera se concretó la promulgación automática de la Ley 6355, que blinda las declaraciones juradas de los empleados públicos, pues para que se den a conocer se necesitará de orden judicial.
La Asesoría Jurídica del Poder Ejecutivo comunicó ayer la promulgación automática de la Ley Nº 6355/2019, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la “Declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos”. Como el presidente Mario Abdo Benítez no objetó ni devolvió el proyecto a la cámara de origen, la norma quedó promulgada y así las declaraciones quedan blindadas, porque se necesitará de orden judicial para acceder a ellas. Recordemos que una amplia mayoría de la Cámara Baja sancionó la iniciativa.
Con el argumento de que sus datos estarán expuestos a los secuestradores y ladrones, 50 diputados decidieron seguir con el blindaje con respecto a sus patrimonios.
La propuesta se había iniciado en la Cámara de Senadores, donde establecieron que todos los datos de los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, con respecto a sus bienes, se den a conocer de manera pública por la Contraloría General de la República en su página web y en todos los medios disponibles y de fácil acceso para la población. Sin embargo, esto fue rechazado totalmente por los diputados. También incluyeron a las personas o empresas concesionarias o contratistas del Estado.
blindaje. La liberal Celeste Amarilla fue una de las que sostuvieron que su postura va a ser en contra de lo que la prensa quiere, porque la propuesta per se es violatoria de los derechos privados de las personas, de su información privada. “Cualquiera va a poder acceder a nuestros datos”, aseveró la parlamentaria.
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