La usura es una plaga social que está prohibida por ley, pero que obtiene pingües ganancias a costa de la gente pobre y necesitada. Los usureros te dan la mano cuando estás cayendo y luego..., te empujan al abismo. Prestar plata puede ser un mal negocio.
En las paradas de colectivo, plazas y postes de luz, se encuentran pegadas las promociones de los famosos “créditos a sola firma”, los cuales ofrecen números de teléfono y aseguran que la entrega de dinero será inmediata y sin demasiado papeleo. Estas facilidades, que vienen de la mano de la ilegalidad, convierten a la usura en una opción atractiva para muchas personas que desean realizar un préstamo y no cuentan con todos los requisitos que solicitan los bancos, financieras y casas de crédito para el mismo fin.
Según la Real Academia Española, la usura es el interés ilícito que se lleva por el dinero o el género en el contrato de préstamo. De esta forma, un usurero presta dinero de manera ilegal y, cuando llega el momento de la devolución, cobra altas tasas de interés, ganando el doble o triple de lo concedido inicialmente. Por ello, estas prácticas son denominadas coloquialmente como "intereses leoninos" pues, así como el rey de la selva se come la mayor parte del cuerpo de los animales capturados, los usureros se embolsan más plata de la que, en algún momento, otorgaron.
Además de colocar avisos publicitarios en lugares públicos, los usureros tienen varias maneras de ofrecer sus créditos: envían mensajes a números al azar ofreciendo préstamos de hasta G. 10.000.000 e, incluso, se ubican entre los negocios de mercados de distintas ciudades, esperando aprovecharse de los trabajadores que están en aprietos. Por otra parte, los lucradores excesivos, ya sea semanal o diariamente, llegan a cobrar hasta 30% de interés mensual; estas altas tasas se traducen en cantidades que se encuentran muy por encima de lo establecido en nuestra legislación.
El artículo 107 de la Constitución Nacional expresa que “la usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal”. Por su parte, el Código Penal, en su artículo 193, establece que la pena privativa de la libertad, en casos de préstamos ilegales, es de hasta 10 años de prisión si el hecho es realizado comercialmente o si, mediante las altas tasas, se provoca indigencia en otra persona.
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