Una ciudadanía informada es una condición necesaria para un futuro “sin dejar a nadie atrás”, basado en los principios democráticos y los derechos humanos. Nuestras sociedades no podrán gozar de una verdadera libertad si no cuentan con información adecuada acerca de la “cosa pública” para tomar decisiones -informadas- en todos los ámbitos, sean políticos, económicos, sociales o ambientales. La transparencia y el acceso a la información, en especial la información pública, son, por lo tanto, instrumentos centrales en un Estado de derecho.
La transparencia y el acceso a la información pública en América Latina y el Caribe: pilares de la democracia
La transparencia es, a su vez, una poderosa herramienta para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Cuando los procesos gubernamentales están abiertos al escrutinio público, no solo se fortalecen la confianza y la legitimidad, sino que también se crea un ciclo de retroalimentación que impulsa la mejora continua. Con acceso a información sobre decisiones, gastos y resultados, se pueden identificar áreas de ineficiencia, corregir errores, optimizar recursos y limitar el riesgo de corrupción. La transparencia no es solo una cuestión ética, es también un motor de innovación...
Como reconocimiento al papel que juega el acceso a la información en nuestras sociedades, cada 28 de septiembre, desde el 2015, se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, reconocido por la UNESCO y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En América Latina y el Caribe, la celebración nos encuentra en un momento de importantes retos al ejercicio de este derecho en diversos países de la región.
A lo largo de 2024 se han observado adopciones y modificaciones de marcos legislativos que limitan el derecho de acceso a la información. En algunos casos, esto implica proponer diseños institucionales ineficaces, como la ausencia de órganos garantes independientes que supervisen el cumplimiento de este derecho, o incluir excepciones demasiado amplias, que dejan a la discrecionalidad de las autoridades el cumplir o no con su obligación de transparencia. En otros casos, se introducen requisitos formales engorrosos para realizar solicitudes, o se establecen sanciones a solicitantes en caso de...
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