El acta de imputación del Ministerio Público describe cómo operaba la estructura cuya cabeza era el expresidente de la República, que ahora enfrenta tres hechos punibles.
Un acta del Ministerio Público señala que el colapso de Ueno Bank responde al funcionamiento de una estructura organizada e inserta en el aparato estatal. El documento fiscal ubica al expresidente de la República, Santiago Peña, como presunto jefe de la organización, que habría tenido como finalidad subordinar el sistema financiero y los órganos de control a favor de los intereses del Grupo Vázquez.
La imputación fue firmada por los agentes fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González. El 13 de noviembre de 2026, la Fiscalía amplió el procesamiento al sumar la figura punible de asociación criminal, alcanzando a tres los hechos procesados contra el exmandatario, con quien se le atribuyen intereses patrimoniales cruzados con el conglomerado empresarial.
El relato fiscal indica que el expresidente habría coordinado las requerimientos del grupo mediante encuentros no públicos en Mburuvicha Róga con el presidente de la firma financiera, Federico Miguel Vázquez. En esos encuentros, se habrían dispuesto directivas para frenar intervenciones institucionales y alertas mediáticas de insolvencia, además de registrarse la supuesta recepción de contraprestaciones económicas en efectivo.
Dentro del esquema, la Fiscalía imputa la colocación y permanencia de personas allegadas en puestos directivos del Banco Central del Paraguay (BCP). Entre ellos figura Carlos Carvallo en la presidencia de la entidad matriz tras dirigir financiera Ueno, Holger Insfrán al frente de la Superintendencia de Bancos, además de Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como integrantes del directorio.
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