En la publicación anterior, analizábamos la ley que reglamenta las garantías a las inversiones nacionales o extranjeras, cuya inversión de capital esté destinada a la creación de industrias o cualquier otra actividad que se encuentre asentada en el país y contribuya a la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, mediante la incorporación de valor agregado a la materia prima paraguaya o importada
En la publicación anterior, analizábamos la ley que reglamenta las garantías a las inversiones nacionales o extranjeras, cuya inversión de capital esté destinada a la creación de industrias o cualquier otra actividad que se encuentre asentada en el país y contribuya a la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, mediante la incorporación de valor agregado a la materia prima paraguaya o importada o incorporación de tecnología. En esta entrega, quisiéramos analizar los puntos más destacados del reciente decreto promulgado que la reglamenta.
El marco jurídico vigente designa como autoridades de aplicación al Equipo Económico Nacional (EEN), al Consejo de Inversiones (CI), al Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Estado de Industria, y al Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Estos entes gubernamentales poseen distintas atribuciones de acuerdo con la etapa en la que intervienen en el análisis del proyecto de inversión presentado para su aprobación.
El EEN fue creado por el Decreto Nº 6.019/90, como organismo asesor de la Presidencia de la República y como coordinador de la política económica del Gobierno. Se encuentra integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y Ganadería, el ministro de Industria y Comercio, el presidente del Banco Central del Paraguay y el secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.
A los efectos de la ley de garantía a las inversiones, el EEN se encuentra facultado a establecer cuáles son las áreas de desarrollo preferente, las actividades productivas de significativo valor agregado nacional y los sectores económicos a potenciar. Además, es quien aprueba o rechaza los proyectos de inversión presentados. La aprobación debe ser por mayoría de los integrantes y la decisión, además de su fundamento, quedarán asentadas en actas, las que estarán firmadas por sus integrantes.
Leer la nota completa en Diario 5 Días
