La fiscala Liliana Alcaraz sostiene que la publicación de declaraciones juradas no es suficiente para que intervenga el Ministerio Público. Tiene que haber evidencias de una conducta que sea penalmente relevante, afirmó.
Alcaraz explicó a nuestro diario que la Constitución establece que la República del Paraguay se constituye en un Estado Social de Derecho. Refirió que el artículo 33 de la Carta Magna refiere, entre otras cosas, que la conducta de las personas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública.
“Mientras que la conducta del habitante no afecte el orden público o el derecho de terceros, el Estado, a través de sus autoridades, no tiene intervención en virtud, justamente, del reconocimiento que tiene esa persona de sus derechos individuales”, manifestó.
“¿Qué acontece cuando esa persona, con su conducta, lesiona algún derecho o bien jurídico de un tercero?, se preguntó Alcaraz y respondió que: “Ahí es donde interviene el Estado, pues no debe olvidarse que el Estado, por delegación popular y, a través de sus autoridades, es el único legitimado en intervenir en el conflicto generado por la comisión del hecho punible”.
El Estado no puede intervenir ante cualquier conducta y, por otro lado, tampoco cuando interviene, lo hace de manera caprichosa, sino también existen reglas para su intervención, aseguró la fiscala.
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