A nivel país, representantes de los partidos tradicionales en los municipios son los más beneficiados, dado que las dos terceras partes son predominadas por los colorados y unos 80 municipios manejados por el PLRA.
Con la media sanción del Senado, que está cantada será acatada por la Cámara Baja, para postergar hasta por un año las elecciones de noviembre, alargando el control de cuestionados intendentes, benefician por ejemplo al intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, en cuya Comuna genera fuerte resistencia y está imputado por lesión de confianza por una suma de G. 1.200 millones.
Su caso entra en la serie de denuncias contra jefes comunales por mal uso del Fonacide. La acusación refiere que el intendente procedió a desviar recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y de los royalties, por lo que el Ministerio de Hacienda procedió a suspender los recursos, produciendo graves perjuicios patrimoniales a los destinatarios finales de los programas, que deben garantizar el almuerzo y la merienda escolar. La denuncia data de 2016 y se contempla el mal uso de Fonacide en el periodo 2010-2015.
Otras autoridades de Central como el intendente de Ypané, Horacio Ortiz, quien lleva dos periodos, tienen varias denuncias. Una, referida por su ex pareja, quien en ocasiones denunció públicamente ser golpeada. En Pedro Juan Caballero, el intendente José Carlos Acevedo, hoy intervenido por varias denuncias de parte de los concejales distritales, consiguió que su forzada interpretación del art. 257 del Código Electoral, en un pedido de inconstitucionalidad en 2015, habilite a que intendentes ya reelectos para volver a presentarse.
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