La Nación / Información denegada por Nicanor, rumbo a definirse ante la Justicia

28 de la norma se establece que “el incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública” y en las disposiciones legales correspondientes”, es decir que son pasibles de sumarios y acciones judiciales.Por otro lado, uno de los argumentos señalados por los especialistas del derecho que desbaratan la respuesta de la EBY deviene precisamente de la misma ley que sostiene que “solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”, algo que evidentemente no hizo Nicanor, ya que se escudó detrás de sus funcionarios.Las cifras publicadas en el portal de la binacional revelan que durante la administración de Nicanor se repartieron más de US$ 70 millones en los últimos años a través de ayudas sociales a organizaciones civiles y gubernamentales, entre las que se encuentran gobernaciones y municipios. ...[Leer más]