La Nación / Hugo Estigarribia avaló operación para “legalizar” las tragamonedas callejeras

Asociados, el cual culminó el pasado 16 de febrero, tras analizar el marco legal y cons­titucional de la polémica reso­lución de la Conajzar número 34/2020 que brinda la potes­tad a la empresa Icrop SA para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con las máquinas callejeras.En el primer punto, el dicta­men concluye que dicha reso­lución no tiene valor de ley, pero que sería deseable que así lo fuera mediante la modifica­ción de la normativa 1016/97 que establece el régimen jurí­dico para la explotación de los juegos de azar.Sin embargo, pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación, pues alega que la resolución fue dictada para regular “un tipo de juego de azar no incluido ni previsto en esa ley”.En este punto se deja de lado que en realidad los jue­gos con máquinas electró­nicas sí están regulados por esa ley y que los aparatos que se encuentren en la calle en realidad están operando de manera ilegal.En el segundo punto, el estu­dio jurídico esgrime que la resolución de la Conajzar no es contraria al orden jurídico constitucional establecido en el artículo 137 que habla de la supremacía de la Constitu­ción Nacional, y que además sí se ajusta a las atribuciones departamentales y munici­pales.Y como tercer punto con­cluye que “por los funda­mentos jurídicos esbozados en las líneas precedentes, cabe concluir que la resolución de Conajzar Nº 34/2020 tiene pleno valor normativo y es viable, desde la óptica cons­titucional, para su aplicación en todo el territorio nacional a la fecha”.En su análisis, Estigarribia no se expresa respecto a las amplias facultades que otorga la Conajzar a la empresa bene­ficiada, tales como la posibili­dad de hacer el censo, el catas­tro, la liquidación del canon, el cobro a los dueños de máqui­nas, entre otros. ...[Leer más]