Peña quiere que participen en la reglamentación, pero hay resistencia. Referentes de la sociedad civil anticipan inconstitucionalidad contra la ley. Alegan que ENEP no representa a organizaciones.
El Ejecutivo, a toda costa, busca legitimar el proceso de vigencia de la ley de control a las organizaciones no gubernamentales para compensar el ataque sistémico al que fueron sometidas, mientras algunas evalúan el cierre de sus instituciones o el traslado a otros países, ante la hostilidad del escenario político. Ayer, se realizó una reunión en Mburuvicha Róga, en ausencia de Santiago Peña, por un viaje a Brasil, para el G20.
La convocatoria fue para escuchar a los representantes de las oenegés, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe elaborar la reglamentación de la ley.
El encuentro fue encabezado por Gustavo Villate, actual ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
La mayoría optó por dejar plantado al Ejecutivo, debido a que consideran que una ley inconstitucional no puede solucionarse con una reglamentación, porque esta no puede contradecir a la norma.
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