La inteligencia artificial (IA) está llamada a ser la joya de la corona de la gestión pública en los gobiernos de América Latina. No hace falta que nos vayamos a la ciencia ficción: actualmente se está usando para reducir la deserción escolar, para detectar a evasores de impuestos, para identificar casos de covid-19 o para señalar ineficiencias en la contratación pública y reducir los niveles de corrupción.
Los más entusiastas la consideran una herramienta que ayudará a solucionar los grandes retos del desarrollo de América Latina y las grandes falencias de sus gobiernos. Del otro lado, los escépticos hablan de riesgos y peligros, en su mayoría asociados a la seguridad de la información y a la transparencia de ciertos procesos.
En el primer grupo se encuentra Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. “La inteligencia artificial es como la nueva electricidad. Estamos ante una nueva ecuación entre nuestros objetivos y la burocracia que se fue generando por la imprenta y después por la digitalización”, dijo en un reciente webinario.
Según el experto, la gestión pública se basa en datos, tareas, decisiones y documentos. La IA invita a integrar estos elementos de una manera diferente y más armoniosa, y el resultado es una mayor eficiencia y una reducción de tiempos asombrosa. En otras palabras, los usos de la IA tienen el potencial de mejorar integralmente la gestión pública.
Existen varios ejemplos prácticos que ayudan a ilustrar este concepto. Por ejemplo, la IA puede leer un gran número de documentos en muy poco tiempo. Esto, para el sector de la justicia puede ser revolucionario, y también aplica a la selección de procesos, a las compras públicas, a la asignación de recursos a programas sociales, a los patrones de movilidad o a la salud. Estas mejoras, a fin de cuentas, deberán traducirse en servicios públicos más oportunos y personalizados para los ciudadanos.
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