La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) expresó su profundo repudio e indignación ante la reciente decisión de la Cámara de Senadores de aprobar un proyecto de reprogramación presupuestaria que habilita al Estado a destinar 2.500 millones de guaraníes para subsidiar la jubilación de 125 parlamentarios, entre ellos 80 diputados y 45 senadores. Este beneficio […]
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) expresó su profundo repudio e indignación ante la reciente decisión de la Cámara de Senadores de aprobar un proyecto de reprogramación presupuestaria que habilita al Estado a destinar 2.500 millones de guaraníes para subsidiar la jubilación de 125 parlamentarios, entre ellos 80 diputados y 45 senadores. Este beneficio permitiría que los legisladores accedan a una jubilación con apenas 10 años de servicio, lo que la FEP califica como una «jubilación VIP», en contraste con los estrictos requisitos de otros sectores laborales.
En su comunicado, fechado el 11 de septiembre de 2024, la FEP destacó las diferencias que existen entre el régimen jubilatorio de los parlamentarios y el que rige para otros trabajadores, como los docentes y funcionarios públicos, quienes deben cumplir con un mínimo de 25 a 30 años de aportes y alcanzar una edad de 62 años para acceder a la jubilación. Señalan que este trato desigual es una afrenta a la ciudadanía, particularmente a aquellos que contribuyen al sistema durante décadas.
Además, la Federación manifestó su preocupación por el hecho de que los mismos parlamentarios que se benefician de esta «jubilación VIP» estarían evaluando en breve un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca reformar la Caja Fiscal, elevando los años de aporte y la edad mínima de jubilación para los funcionarios públicos. Según la FEP, esta reforma sería totalmente opuesta al beneficio otorgado a los legisladores, lo que refuerza la percepción de una injusticia hacia los trabajadores comunes.
Ante esta situación, la FEP hace un llamado a los diputados a rechazar el proyecto de reprogramación presupuestaria en la Cámara Baja y exige que se protejan los derechos de los contribuyentes. En su mensaje, la organización recalca la insensibilidad de la clase política hacia la ciudadanía y reafirma su compromiso de seguir luchando hasta lograr justicia en este tema.
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