La previsional, a través de la inconstitucionalidad, quería rever los fallos que concedieron tratamiento médico a los enfermos terminales. Según la institución, así se absorbe una gran parte de sus fondos.
En reiteradas ocasiones, la previsional se quejó de la concesión de estos amparos ya que desangraban el presupuesto de la institución, conforme con sus argumentos.
Los abogados del IPS plantearon las acciones entre el 2014 y 2015, contra sentencias dictadas en primera y segunda instancias que le obligaron a atender a los pacientes.
Los jueces y camaristas, haciendo prevalecer el derecho a la vida por sobre cualquier otro tipo de derechos, basados en la Carta Magna, admitieron los amparos en contra de la previsional.
Son sentencias similares de parte de jueces en su mayoría del fuero Penal, aunque también los amparos fueron concedidos en el fuero de la Niñez y Adolescencia.
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