A pedido del ministro Gustavo Santander Dans, la Corte Suprema de Justicia resolvió solicitar el legajo de los 25 abogados y funcionarios investigados en el mayor esquema de corrupción judicial denominado mafia de pagarés, con el fin de analizar si correrán la misma suerte que la abogada Zully Ortiz, a quien ya se le suspendió la matrícula.
La máxima instancia, tras estallar el escándalo, había iniciado un sumario administrativo contra estos 25 abogados y funcionarios, pero no había adoptado ninguna medida preventiva, como la suspensión de la matrícula, para evitar que los mismos continuaran interviniendo en juicios similares.
Tras lo ocurrido con Zully Ortiz, quien además de estar imputada por estafa por su presunta participación en el esquema, también soporta la sospecha de haber atentado contra las labores de un periodista.
La Corte Suprema de Justicia solicitó informes al Ministerio Público y al Consejo de Superintendencia sobre las imputaciones realizadas y los sumarios administrativos instruidos, respectivamente, en contra de funcionarios y auxiliares de justicia investigados en el marco de la ejecución de títulos de crédito en diversos juzgados de paz de la República, a fin de adoptar medidas respecto de estos profesionales.
El Ministerio Público ha acusado a varios abogados en el marco de la investigación penal abierta, entre ellos: Carlos Neffa, José Olmedo Lansac, Juan Bogado, Ángel Cino, Gabriela Vespa, José Fuster y Gabriel Ojeda, entre otros.
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