En la comunicación remitida desde su sede en Washington, la CIDH le pide a Paraguay que explique por qué se produjo el desalojo y qué medidas de protección ha tomado a favor de las familias desalojadas. El Estado tiene 15 días para responder.
La intervención de la CIDH se produce tras un pedido de medidas cautelares (MC-808-16) a favor de las aproximadamente 240 familias desalojadas presentado por el abogado español, Aitor Martínez Jiménez.
La presentación se hizo para la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), organización que dirige Domingo Laino, y cuyos objetivos son (entre otros) la protección de derechos humanos ante instancias internacionales.
El jurista español, Aitor Martínez, explicó a Ñandutí Digital que “El Estado paraguayo tiene que responder a la CIDH en el marco del proceso de medidas cautelares requerido. Tiene que indicar qué medidas de protección le ha otorgado a las personas que quedaron en una situación de vulnerabilidad extrema tras el desalojo, asentados en precarios campamentos a la entrada de la colonia. También deberá explicar por qué han sido desalojadas esas familias sin contar con orden judicial, participando en el desalojo empresarios privados que financiaron el operativo, derrumbaron sin compasión sus...
Tal y como explicó el abogado, el hecho de que intervenga la CIDH con su pedido de información al Estado paraguayo implica que el problema deja de ser un asunto netamente local, por lo que de cara a que se garanticen sus derechos en la negociación con el Estado, las familias ya no se encontrarán solas y en situación de debilidad frente a las instituciones del Estado.
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