Hace un par de años, habría sido impensable que algún legislador perdiera su investidura o renunciara a ella debido al masivo repudio ciudadano, pero ahora resulta que varios de ellos, que otrora parecían intocables, ya no mancillan el Congreso, y algunos guardan reclusión. También habría sido inimaginable que la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún, fuera alguna vez destituida por los diputados, o que inmuebles del titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, serían allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que la sociedad civil, harta de las iniquidades perpetradas por quienes ocupan cargos electivos, ha venido expresando su indignación cada vez mayor en las calles, en las redes sociales y en los medios de prensa, llegando además a escrachar a ciertos sinvergüenzas notorios. Vayan pues los aplausos a quienes –mención especial al grupo encabezado por la abogada María Esther Roa– han dedicado su tiempo a la tarea de hacer saber a los ladrones públicos y otros impresentables que ya no seguirán cometiendo impunemente sus fechorías.
Hace un par de años, habría sido impensable que algún legislador perdiera su investidura o renunciara a ella debido al masivo repudio ciudadano, pero ahora resulta que varios de ellos, que otrora parecían intocables, ya no mancillan el Congreso, y algunos guardan reclusión. También habría sido inimaginable que la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún, fuera alguna vez destituida por los diputados, o que inmuebles del titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, serían allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Lo que ha ocurrido en los últimos...
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