Ante el fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el arresto de 45 días a la teniente de fragata Carmen Quinteros y la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de “lavarse las manos”, el único recurso que queda a la defensa es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El calvario de la teniente de fragata Carmen Dolores Quinteros Giménez empezó en el año 2016, cuando se desempeñaba como intendente girador de la Dirección de Servicio de Sanidad de la Armada, época en que salió con permiso de maternidad.
A su regreso, luego de permanecer más de 10 días en una oficina sin cargo, se dispuso su traslado al Comando de Institutos Navales de Enseñanza - Escuela de Formación de Sub Oficiales.
En nota dirigida al comandante de la Armada, Quinteros solicitó reconsideración de la decisión y recordó la vigencia de la entonces reciente promulgación de la Ley N° 5508/15, “De la promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia”, que en su artículo 15 establece que “la mujer gozará de inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento adopción de la niña o niño”. Más allá de que dicho traslado colisiona con lo establecido en la Ley N° 5508/2015, Quinteros explica además, que la función que le correspondería cumplir en dicha unidad era incompatible con las necesidades...
“Esta es una unidad operativa donde se desarrollan actividades físicas y de otras órdenes muy duras y conllevan gran parte del tiempo diario, que no son aptas para mi estado, pues estoy amamantando a mi hijo y por culpa de estas actividades se me hace imposible una buena alimentación para mi criatura”, explicó Quinteros.
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