El hecho de que en varios escándalos relacionados con llamativos negocios aparezcan dos hijos del ministro Antonio Fretes implica un nuevo y severo golpe al Poder Judicial, muchas veces amparo y reparo de sinvergüenzas de diversa índole, para mal de sus víctimas indefensas. Vale preguntar, ¿cómo los afectados pueden litigar para hacer valer sus derechos contra tan altos contrincantes? Vuelve a la memoria los numerosos casos que salieron a luz tras escucharse los audios que involucraron al exsenador colorado, hoy fallecido, Óscar González Daher, cuando ordenaba a jueces y fiscales que atendieran a sus recomendados con problemas.
La balanza de la Justicia sigue inclinada hacia los dueños del poder
Según datos provisorios, el “clan Fretes”, que involucra a Amílcar y Asdrúbal Fretes, hijos del presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, así como a la abogada Lourdes González, posee unos setenta inmuebles, cuyo valor fiscal asciende a más de 32.981 millones de guaraníes, cifra esta que crece exponencialmente a precios de mercado. Los voraces “emprendedores” montaron una red de firmas, entre las que se destaca Río Salado SA, accionista de Negocios y Servicios SA, una firma que se dedica a las cobranzas desde 2008 y que es dueña de más de treinta fincas...
Negocios y Servicios SA también cuenta hoy con una participación de más de 7.600 millones de guaraníes de la firma MTA SA, representada por Óscar Diesel, hermano de otro ministro de la Corte, César Diesel. Los negocios estratégicos entre los parientes cercanos de dos miembros de la suprema autoridad judicial se extiende a Patria SA de Seguros y Reaseguros y a Itacuá Bienes Raíces SA, dado que de este entramado también participan Río Salado SA y MTA SA.
Todo indica que dicha alianza fue favorecida por las actuaciones del mencionado órgano auxiliar de la CSJ, de modo que urge que tome cartas en el asunto su Dirección General de Fiscalización y Registro de Propiedades de la Sindicatura General de Quiebras, encargada de “mantener un control permanente de las propiedades custodiadas por las distintas quiebras” y de “constituirse en un banco de datos permanente que coadyuve la transparencia de los procesos”. No se sabe nada de la actuación de este organismo, pero, por lo que parece, no ha ejercido tal control ni ha favorecido la transparencia,...
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