JUSTICIA BAJO LA LUPA Prórrogas sin motivo justificado

JUSTICIA BAJO LA LUPA Prórrogas sin motivo justificado

La Sala Penal de la Corte anuló la prórroga extraordinaria concedida en una causa sin motivo justificado, porque dice que viola el principio del plazo razonable. El agente se ratificó del requerimiento de desestimar la causa el 26 de diciembre, por lo que el caso pasó al fiscal general, que el 9 de enero del 2019 rectificó el pedido y ordenó que la investigación continúe. Dijo que el Tribunal de Apelación no realizó la evaluación del artículo 326 del Código Procesal Penal, porque no hay actuaciones que deban ser en el exterior, o actos de difícil realización, sino que se limitaron a conceder el pedido y extendieron el plazo en demasía. Además, cita una por una las actuaciones, tales como la denuncia, el pedido de desestimación, la oposición del juez, la continuación, la imputación y el pedido de prórroga extraordinaria. A este voto se adhirió Benítez Riera, quien incluso señala que el fiscal sabía que los documentos a ser peritados estaban en el Juzgado Civil desde el momento de la denuncia en diciembre del 2017, por lo que la investigación fiscal no fue efectiva, sin dilación y con la debida diligencia para esclarecer los hechos denunciados.

La Sala Penal de la Corte anuló la prórroga extraordinaria concedida en una causa sin motivo justificado, porque dice que viola el principio del plazo razonable. Con ello, declararon la extinción de la acción penal y sobreseyeron a una procesada.

La prórroga extraordinaria es una figura muy usada por los fiscales, que además de los seis meses que tienen para investigar, piden otros seis meses más de plazo al Tribunal de Apelación para investigar, cuando que muchas veces no realizan su trabajo.

El fallo, con pocos precedentes, fue dividido, entre los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia. Admitió un recurso de apelación general interpuesto por la defensa en la causa.

Pero veamos. El 12 de diciembre del 2017, Noemí Kikuchi fue denunciada por presunta apropiación. Casi un año después, el 3 de diciembre del 2018, el fiscal Jorge Romero solicitó la desestimación del caso. El 12 de ese mes, el juez Miguel Palacios se opuso al pedido.

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