La decisión de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que falló en contra de la apelación planteada por el Ministerio Público para reabrir un proceso contra el senador Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito, permitiendo que el controvertido político quede blanqueado por este caso, confirma los temores de los fiscales cuando pidieron que el caso sea tramitado en Asunción y no por la Justicia esteña, donde los jueces tienen nexos con los caudillos regionales. El mismo temor se tiene con el caso Miguel Cuevas, que fue trasladado a Paraguarí. La Corte Suprema debe evitar que los procesos por corrupción se lleven a los feudos políticos de los acusados, porque está visto que favorecen la impunidad.
Tal como los propios fiscales temían cuando solicitaron que el pedido de reapertura de una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito del senador colorado cartista Javier Zacarías Irún sea tramitado ante la Justicia de Asunción y no en la de Ciudad del Este, finalmente una Cámara de Apelaciones de la capital del Alto Paraná decidió el jueves rechazar la petición y archivar el caso, blanqueando de este modo al controvertido legislador.
Una vez más se confirma que tramitar procesos judiciales por presuntos casos de corrupción contra autoridades y caudillos regionales en sus propios feudos políticos corre el grave riesgo de favorecer la impunidad, debido a que los personajes investigados tienen estrechos lazos con los jueces y agentes de Justicia, con quienes interactúan en las esferas del poder.
En muchos casos se ha podido demostrar que los juzgados y juzgadores tienen estrechos nexos de amistad, de familia, de relaciones comerciales y complicidades políticas, incluyendo ser parte de los propios esquemas de corrupción.
Los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, habían solicitado la reapertura de la causa caratulada como “Ernesto Javier Zacarías Irún s/ Enriquecimiento Ilícito Ley Nº 2523/2004”, a partir de nuevos elementos que surgieron con la denuncia efectuada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, en junio del 2017, luego de que investigaciones periodísticas revelaron la existencia de lujosos bienes que supuestamente pertenecían...
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