El juez de garantías Humberto Otazú resolvió hacer lugar a las solicitudes de revisión de medidas cautelares planteadas por las defensas técnicas de cuatro personas imputadas en una causa vinculada a un presunto esquema de expedición irregular de cédulas de identidad para extranjeros. Los beneficiados con la decisión judicial son Lourdes María Ortíz Jara, defendida […]
El juez de garantías Humberto Otazú resolvió hacer lugar a las solicitudes de revisión de medidas cautelares planteadas por las defensas técnicas de cuatro personas imputadas en una causa vinculada a un presunto esquema de expedición irregular de cédulas de identidad para extranjeros.
Los beneficiados con la decisión judicial son Lourdes María Ortíz Jara, defendida por la abogada Menchi Pykasu; Kerlin Ileana López Pereira, asistida por la abogada Delfina Cibils; Jorge Matías Santacruz Brítez, también representado por la abogada Menchi Pykasu y Josefina Inocencia González de Moreno, cuya defensa está a cargo del abogado René Fernández.
En todos los casos, el juzgado dispuso el levantamiento del uso de la tobillera electrónica, aunque se mantuvieron vigentes las medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y la prohibición de modificar domicilios sin autorización judicial.
Las defensas fundamentaron los pedidos en el art. 250 del Código Procesal Penal, alegando principalmente dificultades económicas para afrontar los costos mensuales de los dispositivos electrónicos de control, además de situaciones personales como la tenencia de hijos menores y arraigo familiar.
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