El IPS sufrió el año pasado un grosero saqueo de millones de dólares y de sus bienes. Así al menos concluyen todas las auditorías realizadas por la Contraloría al ente previsional. En el ámbito financiero, por ejemplo, se encontró un endeudamiento de G. 15.000 millones por encima del monto aprobado inicialmente, G. 50.000 millones, y la falta de detalles sobre deudas a proveedores por más de G. 1 billón. En la cuestión patrimonial, en tanto, se desconoce el destino de 9.355 bienes, entre equipos de laboratorio, salud e informáticos, por G. 42.900 millones. También se derrochó más de 1 millón de litros de combustible en un escaso periodo de 16 meses.
Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto de Previsión Social (IPS) evidenciaron un “secreto a voces”: el saqueo del cual es víctima el ente previsional desde hace años.
El análisis del ente de control en esta ocasión solo abarcó el año 2022. No obstante, fue suficiente para encontrar un grosero descontrol en el manejo de los recursos y bienes de la institución.
El lapso bajo control corresponde a la presidencia de Vicente Mario Bataglia Araújo y los miembros del consejo de Administración: Ludia Claudina Silvera López (exrepresentante del Ministerio del Trabajo), Gustavo Ramón Arias (representante de los obreros), Ricardo Vicente Oviedo (exrepresentante del Ministerio de Salud Pública), Roberto Brítez Ferreira (representante de los jubilados y pensionados) y Miguel Ángel Doldán (representante de Feprinco).
En la cuestión financiera, la CGR detectó un endeudamiento por encima del aprobado en los documentos. Mediante la Resolución CA N° 078-001/22 se aprobó un préstamo de G. 50.000 millones en Interfisa Banco.
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