Bajo la advertencia de que las familias que hayan vendido o alquilado sus departamentos en el barrio San Francisco ya no podrán ser beneficiarias de otros proyectos habitacionales y sus casos serán puestos a disposición del Ministerio Público, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, anunció la investigación del hecho.
Acompañado de su director de Asesoría Jurídica, abogado Juan Vicente Talavera, el presidente de la ex Senavitat señaló que actualmente se ve en las redes sociales que existen personas que ofertan sus viviendas en este núcleo poblacional de Zeballos Cué, lo cual calificó de delito.
En ese sentido, recordó que junto al Ministerio de Desarrollo Social manejan el Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social (Rubas), donde se tienen todos los datos de personas que accedieron a este tipo de subsidio.
“En el subsidio que se entregó a esa gente dice claramente que el certificado de subsidio habitacional directo carece de valor para celebrar contratos de alquiler total o parcial sobre el inmueble. También no es negociable para fines de compra y venta de la vivienda. Que los incautos no compren un paquete sobre el cual judicialmente tendrán problemas”, precisó.
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