Investigar a quienes se enriquecieron en la función pública - Edicion Impresa - ABC Color

En un Estado de Derecho, quienes delinquen en el ejercicio de la función pública deben ser juzgados y condenados por un juez competente, como cualquier hijo de vecino. Quienes hayan sido nombrados o elegidos deben atender el interés general antes que el particular y actuar con probidad, dándose por satisfechos con el dinero que reciben de sus conciudadanos. No están por encima de la ley. Sin embargo, lo que parece tan obvio, en el Paraguay de hoy resulta ingenuo, porque lo acostumbrado es que se ocupe un cargo público para enriquecerse rápido y todo lo posible, sin pagar las consecuencias. El sueldo o la dieta son lo de menos: lo importante son los ingresos “paralelos” que se obtengan mediante el soborno, el tráfico de influencias o la malversación pura y dura. Uno de los puestos más apetecidos es el de “vista de Aduana”, y no precisamente por el salario. La Ley Nº 2523/04 sanciona con uno a diez años de prisión a quien, tras haber asumido una función pública, haya logrado la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor supere sus legítimas posibilidades económicas y los de su cónyuge o conviviente. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito. Si los fiscales y jueces aplicaran las leyes en la materia, muchos políticos ladrones estarían hoy en la cárcel y habrían entregado los bienes malhabidos. ...[Leer más]