En un Estado de Derecho, quienes delinquen en el ejercicio de la función pública deben ser juzgados y condenados por un juez competente, como cualquier hijo de vecino. Quienes hayan sido nombrados o elegidos deben atender el interés general antes que el particular y actuar con probidad, dándose por satisfechos con el dinero que reciben de sus conciudadanos. No están por encima de la ley. Sin embargo, lo que parece tan obvio, en el Paraguay de hoy resulta ingenuo, porque lo acostumbrado es que se ocupe un cargo público para enriquecerse rápido y todo lo posible, sin pagar las consecuencias. El sueldo o la dieta son lo de menos: lo importante son los ingresos “paralelos” que se obtengan mediante el soborno, el tráfico de influencias o la malversación pura y dura. Uno de los puestos más apetecidos es el de “vista de Aduana”, y no precisamente por el salario. La Ley Nº 2523/04 sanciona con uno a diez años de prisión a quien, tras haber asumido una función pública, haya logrado la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor supere sus legítimas posibilidades económicas y los de su cónyuge o conviviente. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito. Si los fiscales y jueces aplicaran las leyes en la materia, muchos políticos ladrones estarían hoy en la cárcel y habrían entregado los bienes malhabidos.
En un Estado de Derecho, quienes delinquen en el ejercicio de la función pública deben ser juzgados y condenados por un juez competente, como cualquier hijo de vecino. Quienes hayan sido nombrados o elegidos deben atender el interés general antes que el particular y actuar con probidad, dándose por satisfechos con el dinero que reciban de sus conciudadanos. No están por encima de la ley.
Sin embargo, lo que parece tan obvio, en el Paraguay de hoy resulta ingenuo, porque lo acostumbrado es que se ocupe un cargo público para enriquecerse rápido y todo lo posible, sin pagar las consecuencias. El sueldo o la dieta son lo de menos: lo importante son los ingresos “paralelos” que se obtengan mediante el soborno, el tráfico de influencias o la malversación pura y dura. Uno de los puestos más apetecidos es el de “vista de Aduana”, y no precisamente por el salario.
Las campañas electorales internas de los partidos tradicionales son muy onerosas para quienes aspiran a convertirse en legisladores, ya que adquirir un buen lugar en una “lista sábana” cuesta varios centenares de miles de dólares, a ser recuperados con creces mediante la venta de votos desde el escaño, entre otras fechorías. No pocas veces, una parte del dinero sucio robado en un cargo no electivo es invertido en la conquista de una banca en la búsqueda de la protección ante la Justicia que proporciona el fuero parlamentario. A fines de 2014 el hoy exdiputado Elio Cabral (ANR), sobre quien...
Tampoco el diputado Óscar Núñez (ANR) podría negar que su techo es frágil: al ocupar en 2008 el cargo de gobernador de Presidente Hayes, tenía una humilde casa; al dejarlo, cinco años después, se había hecho de un par de estancias, así como de viviendas y vehículos de alta gama y está procesado por el delito de lesión de confianza (robo). Nombró administrador de la Gobernación a su casi indigente hermano Ricardo, quien en 2010 se convirtió en intendente de Villa Hayes. Hoy tiene varios vehículos de lujo y un negocio hotelero, que incluye un zoológico; es socio de un astillero, cuyo capital...
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