Resulta loable matizar que el sistema internacional se ha enfocado en los nuevos parámetros financieros, tal como se percibe a partir de lo expresado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) bajo la denominación “Recomendaciones”, y en vista a que en el año (2018) dispuso la “ampliación” de la (Recomendación 15) a los efectos de corresponder a la identificación de los activos virtuales.
En tal contexto, la “esencia” radica en mitigar el lavado de dinero (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), por lo que dichos activos virtuales (AV) y sus respectivos proveedores (PSAV) se encuentran bajo permanente control. Asimismo, hemos de corresponder a la nota “interpretativa” del año 2019, en la que se ha clarificado que la exigencia se conecta con la recolección de “información” de todas las transacciones financieras.
Es que el GAFI pretende una constante “evaluación” de riesgos sobre los activos virtuales, por ende, exhorta a los países a la aprobación de leyes que se vinculen a registros, inspecciones y sanciones de relación inmediata con los activos virtuales.
A nivel comparado, se puede apreciar la disposición de Argentina (Ley Nº 27739), sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de marzo de 2024.
Dicho lo anterior, la Ley Nº 27739 trata sobre un análisis integral de los activos virtuales, y por lo que define en su Art. 4 (bis): “la representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones”. Mientras que describe a los proveedores de servicios de activos virtuales, como: “Toda persona humana o jurídica que realice operaciones como 1- intercambio entre activos virtuales y monedas (fiat); 2- intercambio entre distintos activos virtuales; 3- transferencia o custodia de activos virtuales; y 4- servicios financieros...
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