Invaden propiedad con el apoyo de policías y activistas de DDHH

Una medida cautelar emitida el 30 de julio pasado por Magalí Zavala, jueza de Primera Ins­tancia en lo Civil y Comercial, generó incidentes en la tarde del sábado 14 de agosto. Alre­dedor de 100 indígenas que llegaron en dos buses, acom­pañados por activistas de derechos humanos, presun­tamente vinculados al partido Frente Guasu, a bordo de un vehículo del Instituto Para­guayo del Indígena (INDI) y gran cantidad de agentes poli­ciales ingresaron a propieda­des privadas de la colonia La Fortuna, distrito de Itakyry (Alto Paraná).

Michelle Betancourt, repre­sentante legal de los propieta­rios, explicó al Grupo Nación que la medida cautelar emi­tida por la jueza no especifica el lugar en el que este grupo de indígenas debería permane­cer y solo menciona que debía ser ubicado en la colonia La Fortuna. Los indígenas alen­tados por los activistas bus­carían ocupar un total de 100 hectáreas, 24 de las cuales pertenecen a los clientes de la mencionada abogada.

“Estas activistas instaron a los indígenas a ingresar de manera violenta, protegidos por los policías. Al final prote­gieron a ellos (los activistas) y no a nosotros que tenemos los títulos de propiedad, ampa­ros constitucionales dictados por jueces competentes de Itakyry, pero ahora no sabe­mos qué va a suceder”, explicó la profesional del derecho.

Un gran despliegue policial de casi 50 agentes realizó la Poli­cía Nacional para que estas personas puedan ingresar al inmueble privado, según se pudo observar en varios videos que fueron publica­dos en redes sociales.

Los propietarios afectados por el atropello dieron a conocer su postura en un escrito difundido por redes sociales. “Estamos trasladando a nues­tros animales por seguridad y nadie está para proteger nues­tra integridad. Hace 3 años sufrimos el acoso por parte de la comunidad Ka’apoty y las ONGs que les respaldan, sin ningún fundamento legal sobre sus supuestas tierras, que el propio INDI denunció en el 2019 como solo pape­les, resultado de una gran estafa al Estado y a los próji­mos hermanos indígenas uti­lizados por esta gente”, men­ciona parte del escrito dado a conocer.