Dado el interés público relativo a sus actividades integrales como legisladora de nuestra República, es que su privacidad e intimidad encuentran un límite y ceden al derecho de toda persona a obtener información veraz, responsable y ecuánime respecto sus actividades, pues, en definitiva, su labor se involucra con la conducción legislativa que rige la administración […]
Dado el interés público relativo a sus actividades integrales como legisladora de nuestra República, es que su privacidad e intimidad encuentran un límite y ceden al derecho de toda persona a obtener información veraz, responsable y ecuánime respecto sus actividades, pues, en definitiva, su labor se involucra con la conducción legislativa que rige la administración general del Estado Paraguayo”, manifestó la camarista Stella Maris Zárate, al votar en minoría, por la confirmación del fallo del juez Rubén Darío López. Este hizo luegar a un amparo promovido por la abogada Alejandra Peralta...
“Cuando una cuenta de red social es vinculada al cargo público ejercido por su titular, que es descrito acabadamente por la senadora Aquino Luraghi, aquella ya no puede ser considerada como de carácter privada. Entonces, un análisis del contenido de las publicaciones pierde, también, toda utilidad práctica a efectos de determinar una eventual vulneración del derecho a la intimidad”, enfatizó la magistrada. Agregó que “en concreto, teniéndose verificada que la información de la cuenta de red social X está vinculada al cargo de la Senadora Nacional Norma Beatriz Aquino Luraghi, debe...
A continuación, el voto de la magistrada Stella Maris Zárate:
En primer lugar, hay que señalar que el procedimiento de amparo constitucional no prevé el recurso de nulidad, conforme se desprende tanto del acápite como del contenido del art. 581 del CPC. No obstante, entiendo que, aunque en este tipo de procedimiento no esté previsto dicho recurso como tal, no implica aquello que esta Alzada se exima de la obligación de efectuar el estudio oficioso de logicidad del fallo apelado debido a que todo órgano revisor se encuentra compelido a la revisión de la estructura formal de la decisión conforme al mandato imperativo previsto por el art. 15 inc. b) del...
Leer la nota completa en El Observador